🌟Read this article in English ~ Traducción por Rossana Longo
Una jueza federal en Denver emitió el martes una orden judicial preliminar que prohíbe a las autoridades migratorias utilizar una ley del siglo XVIII para deportar a venezolanos acusados de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua.
La decisión aplica a inmigrantes señalados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que otorga al gobierno amplios poderes para deportar personas en tiempos de guerra o invasión. El presidente Donald Trump invocó esta ley en marzo, argumentando que el Tren de Aragua ha invadido Estados Unidos.
La orden judicial firmada por la jueza de distrito Charlotte N. Sweeney reemplaza una orden de restricción temporal que estaba a punto de expirar. Esto significa que los funcionarios migratorios no pueden usar dicha ley para deportar a personas detenidas en Colorado hasta que se emita una sentencia definitiva en el caso. También se les impide transferir a presuntos miembros de pandillas desde el centro de detención en Aurora a otras instalaciones migratorias fuera del estado.
El caso comenzó cuando la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Colorado y un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes argumentaron que dos hombres venezolanos corrían el riesgo de ser enviados a una prisión notoriamente peligrosa en El Salvador. La decisión judicial no solo protege a estos dos individuos, sino a todos los venezolanos detenidos en dicho centro que enfrentan una deportación casi inmediata bajo esta ley del siglo XVIII.
Un juez federal en Nueva York emitió el martes una orden similar que afecta a venezolanos en ese distrito. El mes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos también emitió una orden de emergencia durante la noche que bloqueó a funcionarios federales de usar la ley para enviar a inmigrantes detenidos a la prisión de máxima seguridad conocida como Centro de Confinamiento por Terrorismo en El Salvador, acusada de practicar tortura, como descargas eléctricas y simulacros de ahogamiento (waterboarding en inglés).
Las condiciones en esa prisión salvadoreña “representan un enorme riesgo de daño físico extremo” y fueron suficientes para justificar la afirmación de la ACLU de que sus clientes enfrentarían “daños irreparables” sin una orden judicial, determinó la jueza Sweeney.
Su decisión no impide que el gobierno deporte inmigrantes por otras razones ni prohíbe a las autoridades migratorias arrestar a presuntos pandilleros y mantenerlos detenidos.
En su fallo, Sweeney dijo que nada en la orden judicial prohíbe al gobierno “deportar o expulsar a personas bajo la autoridad de inmigración” permitida por otras leyes.
El director legal de la ACLU de Colorado, Tim Macdonald, celebró la decisión en un comunicado de prensa.
“El tribunal ha reafirmado lo que siempre hemos sabido: deportar y hacer desaparecer a personas sin aviso ni debido proceso es cruel, inadmisible y contrario a la ley”, dijo. “El gobierno federal no puede abusar de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de hace más de dos siglos que fue aprobada en 1798 para otorgar poderes limitados en tiempos de guerra y que solo se ha utilizado tres veces en la historia del país”.
Cuando Trump emitió su proclamación en marzo invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, describió al Tren de Aragua como un “estado criminal híbrido” que “está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos”. Según la proclamación, la pandilla “comete crímenes brutales”, incluidos asesinatos y secuestros, y “lleva a cabo guerra irregular y acciones hostiles contra Estados Unidos”.