🌟Read this article in English ~ Traducción por Rossana Longo-Better
El alcalde de Denver, Mike Johnston, compareció el miércoles ante un comité del Congreso para responder por el estatus de la ciudad como una supuesta ciudad santuario. Durante su testimonio, Johnston defendió la decisión de la ciudad de brindar refugio a las decenas de miles de migrantes que han llegado a Denver, asegurando que era tanto una responsabilidad de su cargo como una obligación moral.
Sin embargo, varios republicanos del comité argumentaron que Johnston—junto con los alcaldes de Chicago, Nueva York y Boston—debería ser procesado y encarcelado por presuntamente violar la ley federal que prohíbe albergar inmigrantes indocumentados.
Cuatro horas después de iniciada la tensa audiencia, la congresista republicana de Florida Anna Paulina Luna afirmó que solicitaría a la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, que investigara a los alcaldes. No obstante, una recomendación de un legislador no garantiza que el Departamento de Justicia de EE.UU. lleve a cabo una investigación.
“No hago esto para intimidarlos, pero realmente creo que sus políticas están perjudicando al pueblo estadounidense,” dijo Luna. “Si continúan con lo que están haciendo, no van a ayudar a nadie, solo van a dañar a más personas. Y por eso estoy cansada de esto. El pueblo estadounidense está cansado de esto.”
El congresista republicano de Luisiana Clay Higgins recordó un comentario anterior de Johnston, en el que el alcalde de Denver afirmó estar dispuesto a ir a la cárcel para evitar redadas migratorias en escuelas e iglesias de la ciudad.
“Uno de ustedes dijo que estaba dispuesto a ir a la cárcel,” declaró Higgins al finalizar su intervención sobre los peligros de la inmigración ilegal. “Tal vez les demos esa oportunidad.”
Johnston enfrentó varias rondas de preguntas, incluidas las de la congresista republicana de Colorado Lauren Boebert, luego de que explicara cómo Denver albergó y alimentó a muchos de los 42,000 migrantes que llegaron a la ciudad en un periodo de 18 meses a partir de diciembre de 2022.
“Cada uno de nosotros tiene su propia opinión sobre lo que debería suceder en la frontera,” dijo Johnston en su declaración inicial ante el comité de mayoría republicana. “Pero esa no era la pregunta que enfrentaba Denver. La pregunta era: ¿qué harás con una madre y dos niños abandonados en las calles de nuestra ciudad sin ropa de abrigo, sin comida y sin un lugar donde quedarse?”
Johnston también citó la Biblia durante su testimonio.
“Como alcalde, tengo la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de todos en nuestra ciudad. Como hombre de fe, tengo la obligación moral de cuidar a quienes lo necesitan,” afirmó. “Como dice la Escritura: ‘Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui extranjero y me acogiste’. Y eso fue lo que hicimos.”
En el punto más alto del flujo migratorio a Denver, llegaban hasta 11 autobuses por día, transportando a cientos de personas, muchas de ellas mujeres y niños en camisetas y sandalias en pleno invierno, explicó Johnston. La ciudad habilitó ocho refugios financiados por el gobierno local—que ya han sido cerrados—y ayudó a 8,700 personas a solicitar permisos de trabajo.
El alcalde también destacó que muchos de los autobuses fueron enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbott.
“Cuando comenzaron a llegar los autobuses llenos de migrantes, algunos en mi ciudad sintieron miedo, al igual que probablemente algunos de sus electores,” dijo Johnston. “Tenían miedo del crimen, de la falta de vivienda y de lo que estos recién llegados pudieran quitarles. Entiendo ese miedo. La verdad es que quienes son nuevos en este país hacen cosas buenas y malas, como todos nosotros.”
“Pero cuando los autobuses siguieron llegando, Denver tomó una decisión como ciudad: en lugar de odiarnos unos a otros, decidimos ayudarnos.”
Boebert, cuya jurisdicción incluye el condado de Douglas, Loveland y las llanuras orientales de Colorado, es miembro del comité y estuvo acompañada por tres republicanos de Colorado—Jeff Crank, Jeff Hurd y Gabe Evans, quienes solicitaron participar en la audiencia.
Además de las amenazas de cárcel, la audiencia podría tener implicaciones significativas para Denver y otras ciudades santuario, ya que algunos legisladores han propuesto eliminar fondos federales para las ciudades que no cooperan con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En Colorado, la ley estatal prohíbe que las fuerzas del orden locales retengan a inmigrantes en la cárcel para esperar a que ICE los recoja.
Boebert, limitada a cinco minutos de intervención como el resto del panel, bombardeó a Johnston con preguntas y exigió respuestas de “sí” o “no”. Cuando intentó dar explicaciones más largas, ella lo interrumpió.
Boebert cuestionó por qué el alcalde contrató a un abogado “Para ayudar a cubrir su trasero para las políticas de la ciudad santuario de Denver para esta audiencia” y dijo que tiene documentación “que prueba que usted estaba enviando extranjeros ilegales a Aurora, su delincuencia estaba aumentando mientras usted se escondía bajo leyes que no exigirá que sean derogadas”.
Ella también interrogó al alcalde sobre una ordenanza de Denver de 2017, conocida como Ley de Prioridades de Seguridad Pública, que prohíbe que los empleados de la ciudad pregunten sobre el estatus migratorio de una persona o lo informen a las autoridades federales.
“¿Sería despedido un empleado de la ciudad por comunicarse o coordinarse con un agente de la EPA?” preguntó Boebert.
“¿Y qué hay del Departamento de Salud y Servicios Humanos?”
“¿Así que solo serían despedidos si hablaran con agentes de inmigración?”
Johnston respondió que Denver sí coopera con las autoridades federales, incluyendo a ICE, notificando a la agencia cuando una persona en la cárcel local tiene una orden de detención migratoria. Sin embargo, aclaró que la ciudad no retiene a inmigrantes más allá de su tiempo de sentencia.
Según Johnston, en los últimos siete años, Denver ha notificado a ICE en 1,226 ocasiones sobre personas detenidas con órdenes de inmigración.
Johnston también enfrentó preguntas del congresista republicano de Ohio, Jim Jordan, sobre el reciente arresto de Abraham González, un inmigrante acusado de asalto agravado. Jordan criticó que Denver solo notificó a ICE con una hora de anticipación antes de liberarlo, lo que resultó en una persecución en el estacionamiento de la cárcel y en un arresto violento por parte de múltiples agentes federales.
Un video del Departamento de Seguridad Pública de Denver muestra a agentes de ICE sometiendo a González, una situación que, según el congresista de Ohio, se volvió peligrosa debido a la negativa de Denver de mantener a González bajo custodia. Jordan afirmó que un oficial de ICE fue agredido y que se utilizaron táseres durante el arresto.
“¿Por qué no les dieron más tiempo de aviso?” preguntó Jordan. “¿Por qué no lo entregaron directamente a ICE?”
Johnston respondió que había revisado el video y ofreció reunirse con ICE para discutir posibles cambios en los procedimientos de la ciudad.
Johnston fue notificado en una carta del 27 de enero de que el comité estaba “investigando las jurisdicciones santuario” en todo el país y “su impacto en la seguridad pública y la efectividad de los esfuerzos federales para hacer cumplir las leyes de inmigración de los Estados Unidos”.
“Denver es una jurisdicción santuario según la ley de Colorado, y el alcalde Mike Johnston confirmó que estaba dispuesto a ir a la cárcel para proteger a inmigrantes indocumentados de las autoridades federales de inmigración,” decía la carta, citando un artículo de Fox News en el que Johnston mencionaba cómo la ciudad intentaría evitar una deportación masiva.
Esta historia fue publicada a través de un acuerdo de compartición de noticias con The Colorado Sun, una organización sin fines de lucro propiedad de periodistas, con sede en Denver, que cubre todo el estado.