🌟Read this article in English ~ Traducción por Rossana Longo-Better
La administración Trump no puede deportar a ciudadanos venezolanos detenidos en un centro de detención migratoria en Aurora hacia una prisión en El Salvador sin antes notificarles adecuadamente y darles la oportunidad de defenderse ante un tribunal, dictaminó el martes una jueza federal en Denver.
El fallo de la jueza del Distrito de EE. UU., Charlotte N. Sweeney, se dio luego de que la ACLU de Colorado y un grupo de defensa de inmigrantes argumentaran que dos hombres venezolanos corrían el riesgo de ser enviados a una prisión salvadoreña conocida por sus condiciones peligrosas.
La decisión aplica no solo a los dos hombres, sino a todos los venezolanos detenidos en el centro de Aurora que enfrentan deportación inmediata bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta ley, invocada por el presidente Donald Trump, otorga al gobierno amplios poderes para deportar personas en tiempos de guerra o invasión.
La corte de Denver es una de las pocas en el país que ha abordado el tema, mientras autoridades federales trasladan en autobús a inmigrantes desde centros de detención hasta aeropuertos, donde los embarcan en vuelos hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megaprisión acusada de utilizar descargas eléctricas y simulacros de ahogamiento como métodos de tortura. La prisión alberga ya a unos 300 deportados acusados por el gobierno estadounidense de pertenecer a la peligrosa banda criminal venezolana Tren de Aragua.
Los deportados recibieron escasa notificación, sin tiempo para consultar a un abogado ni oportunidad de demostrar que no pertenecen a la pandilla—derechos procesales usualmente garantizados a inmigrantes en procesos de deportación, según argumentaron los abogados defensores. En muchos casos, las evidencias consistían simplemente en tatuajes de los detenidos.
Los abogados del gobierno argumentaron en Denver que bloquear las deportaciones causaría un “daño irreparable” a la política exterior de EE. UU. y “usurparía” la autoridad de Trump para responder a lo que ha identificado como una invasión.
Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros en marzo, Trump afirmó que el Tren de Aragua es un “estado criminal híbrido” que está “perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos”. La pandilla “comete crímenes brutales” como asesinato y secuestro, y “lleva a cabo una guerra irregular y acciones hostiles contra EE. UU.”, según la proclamación.
El fallo en Denver sigue a una decisión de emergencia de la Corte Suprema de EE. UU. el sábado pasado, que impidió la deportación de presuntos miembros de pandillas venezolanas detenidos en Texas. Los autobuses que transportaban a los hombres desde un centro de detención en Texas hacia el aeropuerto se vieron obligados por el fallo a dar la vuelta.
“Eso fue lo único que evitó que esos seres humanos fueran desaparecidos hacia la prisión CECOT en El Salvador”, argumentó el lunes en Denver el director legal de ACLU Colorado, Tim Macdonald. Dijo que ya se han deportado a 11 venezolanos desde Colorado bajo esta ley.
La orden judicial prohíbe que las autoridades federales trasladen a los hombres fuera de Colorado, lo que impide que los funcionarios de inmigración los transfieran a otro estado para luego deportarlos desde allí. También establece que las autoridades deben entregar con al menos 21 días de anticipación una notificación de deportación—en un idioma que los detenidos comprendan—y que estos tienen derecho a solicitar una revisión judicial.
La jueza consideró que las notificaciones de deportación han sido “deficientes” y que no “cumplen con el debido proceso”. También escribió que, sin la orden de restricción, los acusados “corren el riesgo de ser deportados—quizá erróneamente—” bajo la Ley de Enemigos Extranjeros “en violación de sus derechos constitucionales”.
La orden de restricción temporal estará vigente hasta el 6 de mayo, pero podría extenderse.
La demanda fue presentada en representación de dos venezolanos identificados como D.B.U. y R.M.M., detenidos en Aurora. Están representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Red de Defensa del Inmigrante de las Montañas Rocosas.
D.B.U., de 32 años, huyó de Venezuela tras ser “perseguido y encarcelado por su actividad política”, según sus abogados. Fue arrestado en una redada de agentes federales durante una fiesta en un club nocturno improvisado, que los agentes calificaron como reunión del Tren de Aragua. Tiene un tatuaje—no vinculado a ninguna pandilla—con el nombre de su sobrina, y no pertenece a la banda, aseguran sus abogados.
R.M.M., de 25 años, salió de Venezuela tras el asesinato de dos familiares a manos del Tren de Aragua, según documentos judiciales. Las autoridades migratorias lo calificaron como “miembro conocido” de la pandilla, pero él lo niega. Sus tatuajes incluyen el nombre de su madre, su año de nacimiento, un patrón, un símbolo religioso y un personaje del juego Monopoly, según los registros judiciales.
Los demandados incluyen al presidente Trump, la fiscal general Pam Bondi, la secretaría de Seguridad Nacional Kristi Noem, el secretario de Estado Marco Rubio, el director de la oficina local de ICE en Denver Robert Guadian y la directora del centro de detención de ICE en Aurora, Dawn Ceja.
La jueza había emitido una orden de restricción temporal la semana pasada para impedir la deportación de los dos hombres, en espera de su decisión final tras la audiencia de esta semana.
Esta historia fue publicada a través de un acuerdo de compartición de noticias con The Colorado Sun, una organización sin fines de lucro propiedad de periodistas, con sede en Denver, que cubre todo el estado.