Una jueza federal en Denver emitió el martes una orden judicial preliminar que prohíbe a las autoridades migratorias utilizar una ley del siglo XVIII para deportar a venezolanos acusados de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua.

La decisión aplica a inmigrantes señalados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que otorga al gobierno amplios poderes para deportar personas en tiempos de guerra o invasión. El presidente Donald Trump invocó esta ley en marzo, argumentando que el Tren de Aragua ha invadido Estados Unidos.

La orden judicial firmada por la jueza de distrito Charlotte N. Sweeney reemplaza una orden de restricción temporal que estaba a punto de expirar. Esto significa que los funcionarios migratorios no pueden usar dicha ley para deportar a personas detenidas en Colorado hasta que se emita una sentencia definitiva en el caso. También se les impide transferir a presuntos miembros de pandillas desde el centro de detención en Aurora a otras instalaciones migratorias fuera del estado.

El caso comenzó cuando la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Colorado y un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes argumentaron que dos hombres venezolanos corrían el riesgo de ser enviados a una prisión notoriamente peligrosa en El Salvador. La decisión judicial no solo protege a estos dos individuos, sino a todos los venezolanos detenidos en dicho centro que enfrentan una deportación casi inmediata bajo esta ley del siglo XVIII.

Un juez federal en Nueva York emitió el martes una orden similar que afecta a venezolanos en ese distrito. El mes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos también emitió una orden de emergencia durante la noche que bloqueó a funcionarios federales de usar la ley para enviar a inmigrantes detenidos a la prisión de máxima seguridad conocida como Centro de Confinamiento por Terrorismo en El Salvador, acusada de practicar tortura, como descargas eléctricas y simulacros de ahogamiento (waterboarding en inglés).

Las condiciones en esa prisión salvadoreña “representan un enorme riesgo de daño físico extremo” y fueron suficientes para justificar la afirmación de la ACLU de que sus clientes enfrentarían “daños irreparables” sin una orden judicial, determinó la jueza Sweeney.

Su decisión no impide que el gobierno deporte inmigrantes por otras razones ni prohíbe a las autoridades migratorias arrestar a presuntos pandilleros y mantenerlos detenidos.

En su fallo, Sweeney dijo que nada en la orden judicial prohíbe al gobierno “deportar o expulsar a personas bajo la autoridad de inmigración” permitida por otras leyes.

El director legal de la ACLU de Colorado, Tim Macdonald, celebró la decisión en un comunicado de prensa.

“El tribunal ha reafirmado lo que siempre hemos sabido: deportar y hacer desaparecer a personas sin aviso ni debido proceso es cruel, inadmisible y contrario a la ley”, dijo. “El gobierno federal no puede abusar de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de hace más de dos siglos que fue aprobada en 1798 para otorgar poderes limitados en tiempos de guerra y que solo se ha utilizado tres veces en la historia del país”.

Cuando Trump emitió su proclamación en marzo invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, describió al Tren de Aragua como un “estado criminal híbrido” que “está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos”. Según la proclamación, la pandilla “comete crímenes brutales”, incluidos asesinatos y secuestros, y “lleva a cabo guerra irregular y acciones hostiles contra Estados Unidos”.

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La administración Trump no puede deportar a ciudadanos venezolanos detenidos en un centro de detención migratoria en Aurora hacia una prisión en El Salvador sin antes notificarles adecuadamente y darles la oportunidad de defenderse ante un tribunal, dictaminó el martes una jueza federal en Denver.

El fallo de la jueza del Distrito de EE. UU., Charlotte N. Sweeney, se dio luego de que la ACLU de Colorado y un grupo de defensa de inmigrantes argumentaran que dos hombres venezolanos corrían el riesgo de ser enviados a una prisión salvadoreña conocida por sus condiciones peligrosas.

La decisión aplica no solo a los dos hombres, sino a todos los venezolanos detenidos en el centro de Aurora que enfrentan deportación inmediata bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta ley, invocada por el presidente Donald Trump, otorga al gobierno amplios poderes para deportar personas en tiempos de guerra o invasión.

La corte de Denver es una de las pocas en el país que ha abordado el tema, mientras autoridades federales trasladan en autobús a inmigrantes desde centros de detención hasta aeropuertos, donde los embarcan en vuelos hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megaprisión acusada de utilizar descargas eléctricas y simulacros de ahogamiento como métodos de tortura. La prisión alberga ya a unos 300 deportados acusados por el gobierno estadounidense de pertenecer a la peligrosa banda criminal venezolana Tren de Aragua.

Los deportados recibieron escasa notificación, sin tiempo para consultar a un abogado ni oportunidad de demostrar que no pertenecen a la pandilla—derechos procesales usualmente garantizados a inmigrantes en procesos de deportación, según argumentaron los abogados defensores. En muchos casos, las evidencias consistían simplemente en tatuajes de los detenidos.

Los abogados del gobierno argumentaron en Denver que bloquear las deportaciones causaría un “daño irreparable” a la política exterior de EE. UU. y “usurparía” la autoridad de Trump para responder a lo que ha identificado como una invasión.

Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros en marzo, Trump afirmó que el Tren de Aragua es un “estado criminal híbrido” que está “perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos”. La pandilla “comete crímenes brutales” como asesinato y secuestro, y “lleva a cabo una guerra irregular y acciones hostiles contra EE. UU.”, según la proclamación.

El fallo en Denver sigue a una decisión de emergencia de la Corte Suprema de EE. UU. el sábado pasado, que impidió la deportación de presuntos miembros de pandillas venezolanas detenidos en Texas. Los autobuses que transportaban a los hombres desde un centro de detención en Texas hacia el aeropuerto se vieron obligados por el fallo a dar la vuelta.

“Eso fue lo único que evitó que esos seres humanos fueran desaparecidos hacia la prisión CECOT en El Salvador”, argumentó el lunes en Denver el director legal de ACLU Colorado, Tim Macdonald. Dijo que ya se han deportado a 11 venezolanos desde Colorado bajo esta ley.

La orden judicial prohíbe que las autoridades federales trasladen a los hombres fuera de Colorado, lo que impide que los funcionarios de inmigración los transfieran a otro estado para luego deportarlos desde allí. También establece que las autoridades deben entregar con al menos 21 días de anticipación una notificación de deportación—en un idioma que los detenidos comprendan—y que estos tienen derecho a solicitar una revisión judicial.

La jueza consideró que las notificaciones de deportación han sido “deficientes” y que no “cumplen con el debido proceso”. También escribió que, sin la orden de restricción, los acusados “corren el riesgo de ser deportados—quizá erróneamente—” bajo la Ley de Enemigos Extranjeros “en violación de sus derechos constitucionales”.

La orden de restricción temporal estará vigente hasta el 6 de mayo, pero podría extenderse.

La demanda fue presentada en representación de dos venezolanos identificados como D.B.U. y R.M.M., detenidos en Aurora. Están representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Red de Defensa del Inmigrante de las Montañas Rocosas.

D.B.U., de 32 años, huyó de Venezuela tras ser “perseguido y encarcelado por su actividad política”, según sus abogados. Fue arrestado en una redada de agentes federales durante una fiesta en un club nocturno improvisado, que los agentes calificaron como reunión del Tren de Aragua. Tiene un tatuaje—no vinculado a ninguna pandilla—con el nombre de su sobrina, y no pertenece a la banda, aseguran sus abogados.

R.M.M., de 25 años, salió de Venezuela tras el asesinato de dos familiares a manos del Tren de Aragua, según documentos judiciales. Las autoridades migratorias lo calificaron como “miembro conocido” de la pandilla, pero él lo niega. Sus tatuajes incluyen el nombre de su madre, su año de nacimiento, un patrón, un símbolo religioso y un personaje del juego Monopoly, según los registros judiciales.

Los demandados incluyen al presidente Trump, la fiscal general Pam Bondi, la secretaría de Seguridad Nacional Kristi Noem, el secretario de Estado Marco Rubio, el director de la oficina local de ICE en Denver Robert Guadian y la directora del centro de detención de ICE en Aurora, Dawn Ceja.

La jueza había emitido una orden de restricción temporal la semana pasada para impedir la deportación de los dos hombres, en espera de su decisión final tras la audiencia de esta semana.

Esta historia fue publicada a través de un acuerdo de compartición de noticias con The Colorado Sun, una organización sin fines de lucro propiedad de periodistas, con sede en Denver, que cubre todo el estado.

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Luna Báez se paró frente a la multitud afuera del centro de detención de ICE en Aurora, con su teléfono en la mano, mientras la voz de su madre llegaba a través de la línea desde el otro lado de las paredes del centro de detención.

“¡Asegúrate de que lo escuchen desde aquí!” dijo la activista detenida por los derechos de los inmigrantes Jeanette Vizguerra el lunes por la noche por teléfono en español, después de llamar desde el interior de las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, donde ha estado encerrada durante una semana. Luego, su hija de 21 años repitió sus palabras en inglés ante las aproximadamente 200 personas que hacían vigilia afuera.

La gente vitoreó y aclamó, algunos gritando por megáfonos. Luego comenzaron a corear: “¡Jeanette, escucha! ¡Estamos en la lucha!” “¡Escuchen! ¡Estamos en la lucha!”

Vizguerra, cuyos partidarios creen que fue atacada por funcionarios de inmigración porque criticó abiertamente las políticas del presidente Trump. Ha estado luchando contra su propia deportación durante casi dos décadas. En el camino, se convirtió en una conocida líder de los derechos de los inmigrantes. Incluso desde el interior del centro de detención, dijo que estaba tomando “testimonios” de otros detenidos.

“Esta lucha no es sólo para mí sino para todos los que están en el centro de detención”, dijo en la llamada telefónica. “Necesitamos cuidarnos todos unos a otros.

“Te amo. Te veo”, dijo.

Vizguerra, quien fue recogido durante un descanso laboral de su trabajo en Target el 17 de marzo y encadenada alrededor de la cintura, ganó atención internacional mientras buscaba santuario en una iglesia de Denver a partir de 2017 para evitar la deportación durante el primer mandato del presidente Trump.

Varias personas entre la multitud habían marchado junto a Vizguerra antes de que fuera sorprendida por agentes de ICE que salieron de autos sin identificación en un estacionamiento de Target. Pam Culig, que llevaba un cartel que decía “Abajo la APD (policía de Aurora) y su colaboración ilegal con ICE”, es miembro de la iglesia que le dio santuario a Vizguerra de forma intermitente durante tres años.

“Es desgarrador pensar que ha sido detenida ilegalmente”, dijo Culig, quien jugaba con los hijos de Vizguerra cuando vivía en la iglesia y se ofreció como “vigilante de la puerta” para ver si las autoridades estaban esperando afuera.

La multitud, que cantaba “Keep Your Eyes on the Prize” y “We Shall Not Be Moved”, pidió no sólo la liberación de Vizguerra, sino también que el gobierno federal cerrara el centro de detención y terminara su contrato con la empresa penitenciaria privada, GEO Group. La empresa con fines de lucro, que fue objeto de un intenso escrutinio después de un brote de COVID-19 en 2021 y un cuarentena de varicela en 2018, ha operado el centro de detención de inmigrantes desde 1986. Vizguerra organizó un campamento de 89 días fuera del centro de detención de Aurora en 2020 para protestar por las condiciones insalubres.

“Este lugar aquí es pura maldad”, dijo V Reeves, defensor de Housekeys Action Network en Denver. “¡Quémalo!”

“Vinieron aquí emocionados de ser parte de nuestra cultura, de nuestras vidas”, dijo Reeves, hablando de los detenidos. “No se merecían esto”.

Báez dijo que su madre la llamó desde el centro de detención poco después de su arresto y con calma le pidió a Báez que recogiera a su hermana menor de la escuela. La familia tenía un plan, temiendo que llegara el día.

“Hay que mantener la cabeza tranquila”, dijo Báez, la segunda mayor de las cuatro hijas de Vizguerra. “Lo mejor que puedes prepararte es saber quiénes son tus puntos de contacto. En lo que respecta a lo emocional, nunca estás preparado para eso”.

Báez, a pedido de su madre, pidió a la multitud que reactivara una campaña en las redes sociales que comenzó en 2017 mientras Vizguerra vivía en la iglesia. Les pidió que usaran #jeanettebelongshere.

Cómo llegó a esto

Vizguerra, de 53 años, se convirtió en activista no sólo para luchar contra su deportación sino también por los derechos de los inmigrantes en todo el país. A lo largo de su lucha de años, recibió el apoyo del Comité de Servicio de Amigos Americanos, una organización religiosa sin fines de lucro, que ayudó a organizar la vigilia.

A los 25 años, Vizguerra cruzó la frontera desde México cerca de El Paso, Texas, en 1997, con su esposo y una hija después de que su esposo fuera amenazado a punta de pistola en México, dijo. Tuvo tres hijos más que nacieron en Estados Unidos y ahora es abuela de tres.

Vizguerra inicialmente trabajó como conserje en edificios de oficinas, convirtiéndose en miembro y organizadora de SEIU Local 105, donde ayudó a luchar por mejores salarios y beneficios para los trabajadores de limpieza, según el Comité de Servicio de Amigos Estadounidenses. También se unió a Rights for All People y se centró en mejorar las relaciones entre los inmigrantes y las fuerzas del orden.

Vizguerra y su esposo iniciaron una empresa de mudanzas y limpieza.

En 2009, Vizguerra fue detenida por un ayudante del sheriff del condado de Arapahoe, una parada de tránsito que resultó en una condena por “intento de posesión de un instrumento falsificado” después de que las autoridades determinaron que tenía un número de Seguro Social falso. El incidente resultó en la orden de un juez para expulsarla de los Estados Unidos y, cuando apeló, se convirtió en “una de las primeras personas en Colorado en compartir públicamente las circunstancias de su caso de deportación”, dijo el comité sin fines de lucro.

Mientras su caso aún estaba pendiente en 2012, Vizguerra se enteró de que su madre, con quien había hablado semanalmente durante los 17 años que había vivido en Estados Unidos, estaba muriendo en México. Voló a México al día siguiente de enterarse de la noticia, pero su madre murió mientras ella estaba en el avión.

El acto de abandonar el país significó que su apelación perdiera el derecho, dijo la organización sin fines de lucro. Después de siete meses en México, Vizguerra intentó regresar a Estados Unidos y fue arrestada por agentes de la patrulla fronteriza en abril de 2013. Se declaró culpable de entrada ilegal y fue sentenciada a un año de libertad condicional.

En 2017, después de que el presidente Trump fuera elegido para su primer mandato, las autoridades de inmigración negaron la solicitud de Vizguerra de una suspensión de la deportación. En lugar de presentarse ante ICE como se le ordenó, se mudó a la Iglesia de la Primera Sociedad Unitaria en Denver porque a los agentes federales de inmigración se les prohibía realizar arrestos dentro de las iglesias.

Vizguerra vivió dentro de la iglesia durante unos meses hasta que, como resultado de la legislación presentada por el gobernador demócrata Jared Polis, entonces congresista, y el senador Michael Bennet, recibió una suspensión de deportación de dos años en marzo de 2017.

Vizguerra regresó a la iglesia dos años después, en marzo de 2019, cuando expiró su estadía. Dejó el santuario en 2020, dijo el comité sin fines de lucro. El mes pasado, la administración Trump rescindió una política de la era Biden que impidió que los funcionarios de inmigración tomaran medidas coercitivas en lugares como escuelas, iglesias y hospitales.

Los funcionarios de ICE dijeron que detuvieron a Vizguerra la semana pasada porque se restableció su orden anterior de expulsión del país. Sus abogados, sin embargo, argumentan que no tiene una orden final de deportación.

Una bandera mexicana ondea frente al Centro de Procesamiento ICE de Aurora el lunes 24 de marzo de 2025, durante una vigilia en memoria de Jeanette Vizguerra. Vizguerra se encuentra detenido en el centro. (Mike Sweeney, especial para The Colorado Sun)

Las autoridades de inmigración han llamado a Vizguerra un “extranjero ilegal criminal” y dijo que permanecería bajo custodia hasta su expulsión. La jueza federal dio la razón a los abogados de Vizguerra el viernes al decir que ICE no puede deportarla mientras su caso de inmigración esté pendiente. La audiencia está prevista para el viernes.

El congresista Jason Crow, un demócrata cuyo distrito incluye Aurora, comenzó a enviar un equipo para inspeccionar el centro de detención en 2019 después de lo que llamó una “serie de informes inquietantes” sobre la atención médica y la salud pública.

El personal de Crow visitaba el centro semanalmente y luego publicaba un informe que revelaba el número de detenidos en el centro y si alguno estaba enfermo. No ha publicado un informe desde el 3 de febrero, cuando los funcionarios de inmigración bajo Trump cortaron el acceso del equipo. La oficina de Crow está trabajando para restablecer las inspecciones.

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Dos días después de la detención de la conocida activista de derechos de los inmigrantes en Denver, funcionarios federales respondieron al clamor público calificando a Jeanette Vizguerra como una “extranjera criminal convicta” y detallando su prolongada batalla legal de 16 años para intentar permanecer en el país.

Vizguerra, quien pasó tres años refugiada en una iglesia de Denver para evitar la deportación, fue arrestada el lunes mientras tomaba un descanso en su trabajo en Target. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) guardó silencio sobre el arresto hasta el miércoles, cuando informó que Vizguerra fue detenida “sin incidentes” y que “permanecerá bajo custodia de ICE en espera de su remoción de los Estados Unidos”.

Según funcionarios federales, Vizguerra, de 53 años, ingresó ilegalmente a Estados Unidos por El Paso, Texas, en 1997. En 2009, fue detenida en el condado de Arapahoe y las autoridades descubrieron que había utilizado documentos con un número de Seguro Social falso. Madre de cuatro hijos, tres de ellos nacidos en Estados Unidos, ha estado luchando contra los esfuerzos de deportación desde entonces.

“Vizguerra es una extranjera criminal convicta de México que tiene una orden final de deportación emitida por un juez federal de inmigración”, indicó ICE en un comunicado de prensa, su primer pronunciamiento sobre la detención que desató indignación y temor en la comunidad inmigrante. “Ingresó ilegalmente a Estados Unidos cerca de El Paso, Texas, el 24 de diciembre de 1997, y ha recibido el debido proceso legal en el tribunal de inmigración de EE.UU.”

La noticia de su detención provocó una fuerte reacción de figuras demócratas, incluido el gobernador de Colorado, Jared Polis, y miembros del Congreso. El alcalde de Denver, Mike Johnston, calificó el arresto como una “persecución al estilo Putin contra disidentes políticos”.

Después de su arresto por la Oficina del Sheriff del Condado de Arapahoe en 2009, Vizguerra fue detenida por ICE con una orden de retención migratoria. Fue liberada bajo fianza tras dos semanas de detención y posteriormente condenada en el condado de Arapahoe por conducir sin licencia y sin seguro.

Un año y medio después, en 2011, un juez de inmigración federal negó su solicitud para permanecer en el país, pero le otorgó una “salida voluntaria”, lo que significaba que debía abandonar Estados Unidos, según ICE.

Sin embargo, Vizguerra no se fue en ese momento. En 2012, regresó a México tras la muerte de su madre. En 2013, agentes de la Patrulla Fronteriza la detuvieron cuando intentaba volver con su familia en Estados Unidos, cruzando la frontera por Candelaria, Texas, según ICE. Reingresar ilegalmente a EE.UU. después de recibir una orden de deportación es un delito grave, pero Vizguerra se declaró culpable de un cargo menor, un delito menor, y fue sentenciada a un año de libertad condicional.

No obstante, la orden previa de deportación en su contra fue reinstalada.

Vizguerra obtuvo una suspensión de deportación hasta 2015, y cuando su solicitud para una nueva suspensión fue rechazada en 2017, decidió refugiarse en la First Unitarian Society Church en Denver en lugar de presentarse ante ICE como se le había ordenado.

De 2019 a 2021, se le negaron múltiples solicitudes para permanecer en EE.UU., hasta que finalmente se le otorgó una suspensión de deportación por un año, la cual fue renovada.

ICE informó que la última suspensión de deportación de Vizguerra expiró en febrero de 2024, lo que llevó a su arresto el lunes.

Durante su tiempo en la iglesia, donde los agentes federales tenían prohibido arrestarla, Vizguerra atrajo atención internacional. En 2017, fue nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time y, en los últimos meses, ha sido una voz crítica en los medios contra las políticas migratorias del presidente Trump.

Actualmente, Vizguerra se encuentra detenida en el centro de detención de ICE en Aurora, donde familiares y amigos han mantenido una vigilia en el exterior. Sus abogados demandaron a las autoridades federales en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Denver esta semana, argumentando que Vizguerra debería ser liberada y que merece una audiencia antes de ser deportada.

La detención de Vizguerra se produce después de que al menos otros dos activistas inmigrantes de alto perfil o líderes universitarios fueran arrestados por ICE, incluidos la profesora de la Universidad de Brown, Rasha Alawieh, y el exestudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil.

También ocurre en medio de los intentos de la administración Trump de deportar inmigrantes sin audiencias ni otras protecciones habituales, invocando la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, una medida de tiempos de guerra que otorga al gobierno mayor autoridad para realizar deportaciones masivas. Sin embargo, un juez federal anuló la medida el sábado.

Esta historia fue publicada a través de un acuerdo de compartición de noticias con The Colorado Sun, una organización sin fines de lucro propiedad de periodistas, con sede en Denver, que cubre todo el estado.

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Este artículo ha sido actualizado.

Las autoridades federales de inmigración detuvieron el lunes a Jeanette Vizguerra, una activista por los derechos de los inmigrantes en Colorado, cuya lucha por evitar la deportación durante la última década ha sido noticia  a nivel nacional.

Vizguerra, quien se refugió en una iglesia durante tres años durante la primera administración de Trump, fue arrestada durante su descanso en su trabajo en Target y trasladada al centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) en Aurora, según informó la organización religiosa sin fines de lucro American Friends Service Committee (AFSC).

ICE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de The Colorado Sun el martes.

La detención de Vizguerra se produce después de que al menos otros dos activistas destacados por los derechos de los inmigrantes o líderes universitarios fueran arrestados recientemente por ICE, entre ellos la profesora de la Universidad de Brown, Rasha Alawieh y ex estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, Mahmud Khalil.

Además, el arresto de Vizguerra ocurre en medio de los intentos de la administración de Trump de deportar inmigrantes sin audiencias ni otras protecciones legales habituales. Esto incluye el plan del expresidente de invocar la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, una medida en tiempos de guerra que otorga al gobierno mayor autoridad para llevar a cabo deportaciones masivas. La administración de Trump argumentó que Estados Unidos estaba en guerra con la pandilla venezolana Tren de Aragua. Sin embargo, un juez federal bloqueó la medida el sábado.

Una campaña de recaudación de fondos en  GoFundMe, organizada por la familia de Vizguerra, informó que ella fue arrestada a las afueras de su trabajo en un Target.

“Mi mamá ha luchado incansablemente por su comunidad, y ahora es momento de que todos nos unamos para apoyarla como ella lo ha hecho con nosotros”, escribió una de sus hijas en la página de GoFundMe.

Familiares y amigos de Vizguerra expresaron incertidumbre sobre si aún se encontraba en el centro de detención de Aurora, operado por una empresa privada, después de recibir informes contradictorios. Ella llamó a su hija desde el centro de detención el lunes, después de su arresto, pero el martes el centro informó a su abogado que ya no estaba allí, según Jordan Garcia, director del programa en AFSC.

“Un autobús salió esta mañana hacia el aeropuerto de Denver (DIA)”, dijo Garcia a The Sun. “Ella podría estar en el autobús o en el aeropuerto, pero no tenemos confirmación por parte de ICE.”

Luego, el martes por la tarde, los familiares se enteraron de que ella todavía estaba en Aurora.

Después de casi 30 años en Estados Unidos, Vizguerra, de 53 años, aún se encontraba en una larga batalla legal para permanecer en el país. Su solicitud de visa había sido rechazada y estaba en proceso de apelación. Esta semana, su abogado presentó un habeas corpus, una solicitud para que las autoridades la presenten ante un tribunal, argumentando que no existía base legal para su detención mientras su caso migratorio seguía en curso, explicó Garcia.

El alcalde de Denver, Mike Johnston, quien recientemente testificó ante un comité del Congreso que investiga el estatus de Denver como una ciudad santuario, calificó la detención de Vizguerra como un “abuso de poder” y una exposición de “la gran mentira de la administración de Trump”.

“Dejemos algo claro sobre lo que ocurrió hoy. Esto no es un esfuerzo de inmigración destinado a mantener seguro al país. Esto es persecución al estilo Putin contra disidentes políticos”, dijo Johnston. “Jeanette Vizguerra es madre de ciudadanos estadounidenses. Trabaja en Target. Es la fundadora de una organización sin fines de lucro local. Esto no es sobre seguridad. Esto es teatro político y represalia política. Esto no hace que este país sea más seguro. Esto lo hace más caótico, y esa es la mayor amenaza para la seguridad que cualquier presidente puede crear.”

Vizguerra estaba preparada para esta posibilidad

Amigos y familiares de Vizguerra quedaron en shock tras su arresto, pero ella había considerado la posibilidad de que esto ocurriera.

“Jeanette ha sido muy cautelosa en los últimos años, y eso era muy importante para ella”, dijo Garcia, quien se mantiene en contacto con su familia. “Ella había hecho un plan con sus abogados en caso de que algo así sucediera. Tenía un plan tanto con sus abogados como con su familia.”

Sus hijas creen que fue arrestada en parte por haber criticado recientemente las políticas de Trump en los medios. “Creemos que está siendo atacada debido a su activismo”, dijo Garcia. “Los oficiales de ICE que la detuvieron se burlaron de ella y fueron increíblemente groseros.”

Desde su arresto, inmigrantes y defensores de los derechos de los inmigrantes han estado contactando a Garcia para preguntar cómo pueden ayudar.

“Esto es realmente aterrador”, dijo. “Nos están diciendo: ‘Si esto le puede pasar a Jeanette, nos puede pasar a cualquiera de nosotros’. Es un momento difícil, pero la gente no se dejará intimidar por esto. Por eso nos mantenemos unidos. Hacemos todo lo posible para estar ahí los unos para los otros en estos tiempos difíciles.”

Vizguerra fue señalada para la deportación por primera vez en 2009 después de haber sido detenida en el condado de Arapahoe. En 2012, regresó voluntariamente a México para visitar a su madre moribunda y volvió a EE.UU. en 2013.

En 2017, la iglesia First Unitarian Society en Denver le permitió refugiarse en su edificio. Vizguerra, quien trabajaba como empleada doméstica, fue acusada de usar un número de Seguro Social falso. Vivió en santuario en la iglesia por más de tres años hasta que la administración de Biden detuvo su proceso de deportación.

Durante su lucha contra la deportación, miembros demócratas del Congreso de Colorado presentaron un proyecto de ley para evitar que fuera detenida por ICE, lo que le otorgó una prórroga de dos años. Sin embargo, esa protección expiró en 2019 y no fue renovada.

Vizguerra ha sido destacada en numerosos medios de comunicación locales, nacionales y fue nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista TIME en 2017.

“En este momento vivimos en un clima de mucha ansiedad, la gente tiene pánico”, Vizguerra le dijo al bilingual newsletter La Ciudad en noviembre después de que Donald Trump fuera reelegido. “Realmente sentí esto cuando la gente empezó a darse cuenta de que el expresidente (Donald) Trump había ganado. Mis redes sociales, especialmente mi perfil, que uso precisamente para este propósito, se inundaron de mensajes. La gente, no sólo de Colorado sino de todo el país -incluso fuera del país- empezó a preguntar: ‘¿Qué vamos a hacer si Donald Trump cumple sus amenazas de deportaciones masivas?”

Vizguerra ingresó ilegalmente a Estados Unidos desde México en 1997 después de que, según AFSC, su esposo fuera amenazado a punta de pistola. Tiene cuatro hijos, tres de los cuales nacieron en Estados Unidos. También es abuela.

Vizguerra, quien organizó un campamento de 89 días fuera del centro de detención de Aurora en 2020 para protestar por las condiciones insalubres, ayudó a iniciar tres organizaciones de defensa. Coalición del Santuario Metropolitano de Denver, Santuario para todos y Abolir ICE Denver. 

Su arresto el lunes generó pánico e indignación en la comunidad inmigrante.

“El intento de ICE de deportar a Jeanette es un ataque no solo contra ella, sino contra cada inmigrante que ha luchado por la dignidad y la justicia”, dijo Raquel Lane-Arellano, de la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC). “Jeanette ha pasado décadas construyendo comunidad y defendiendo a los demás.”

La coalición teme que ICE la traslade fuera de Colorado debido a sus fuertes lazos con la comunidad activista del estado.

“Exigimos su liberación inmediata y el fin de la persecución injusta de ICE contra los líderes inmigrantes”, declaró Lane-Arellano.

Varios legisladores de Colorado también pidieron su liberación inmediata.

El gobernador Jared Polis, quien como miembro del Congreso estuvo entre los que presentó legislación que busca proteger aVizguerra de la deportación, no estaba al tanto de su arresto el martes por la mañana hasta que un reportero del Colorado Sun se lo informó.

“No había oído eso”, dijo, pareciendo sorprendido y prometiendo investigar la situación.

Más tarde el martes, el gobernador dijo a través de un portavoz que se había reunido previamente con Vizguerra y que continúa instando a Trump y a ICE “a centrar sus acciones en los delincuentes violentos y ser más transparentes”.

“Jeanette es madre y abuela, ha pasado años en nuestro país ayudando a la comunidad, tiene trabajo, no tiene antecedentes de violencia, no es una amenaza para la comunidad y, sobre todo, merece el debido proceso conforme a la ley”, dijo el portavoz. “El estado no ha visto ninguna contabilidad transparente de las operaciones de ICE en nuestro estado y no ha sido notificado más allá de los informes de prensa sobre la detención de la Sra. Vizguerra”.

Esta historia fue publicada a través de un acuerdo de compartición de noticias con The Colorado Sun, una organización sin fines de lucro propiedad de periodistas, con sede en Denver, que cubre todo el estado.

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Un nuevo programa federal que proporciona dinero para comestibles durante el verano a los niños que califican para almuerzos gratuitos en la escuela podría alimentar a 67,000 niños adicionales en Colorado.

Sin embargo, aquí está el número de solicitudes que el estado recibió el verano pasado para este programa de asistencia alimentaria: 25.

No es tan grave como parece, ya que más de 550,000 estudiantes en Colorado fueron inscritos automáticamente en el programa de comidas de verano, lo que significó que sus familias recibieron una tarjeta con $120 por niño, o $40 por mes, para comprar alimentos.

Aquellos que calificaron automáticamente para el programa, llamado Summer EBT, incluían familias que habían presentado documentación para recibir almuerzos escolares gratuitos o a precio reducido, o que ya estaban inscritas en beneficios de asistencia alimentaria mensual. Los niños en hogares de acogida, en situación de calle o migrantes también son elegibles automáticamente si sus familias ya calificaban para almuerzos escolares gratuitos o asistencia alimentaria mensual.

Aun así, se estima que 67,000 niños en todo el estado quedaron fuera del programa porque sus familias habrían tenido que solicitarlo activamente, pero no sabían que debían hacerlo, según un análisis de un consultor independiente. Esto equivale a aproximadamente $8 millones en fondos federales que Colorado no utilizó el verano pasado.

Funcionarios estatales esperan alcanzar a más niños este verano, el segundo año del programa federal.

El programa de asistencia alimentaria de verano surgió a partir de una iniciativa aprobada por el Congreso durante la pandemia de COVID-19, llamada Pandemic Electronic Benefit Transfer (P-EBT), destinada a proporcionar dinero para alimentos a las familias mientras sus hijos no asistían a la escuela en persona.

Los estudiantes cuyas familias necesitan presentar una solicitud para recibir el beneficio de verano incluyen aquellos cuyos ingresos familiares no están actualizados en los archivos de su escuela. Esto es particularmente un problema para las familias que califican para almuerzos gratuitos o a precio reducido, pero no completan la documentación porque sus hijos asisten a una escuela donde todos reciben almuerzo gratuito.

En las escuelas donde la mayoría de los estudiantes califican para almuerzos gratuitos, lo que indica altos niveles de pobreza, todos los estudiantes pueden recibir almuerzos sin costo bajo lo que el gobierno federal llama “elegibilidad comunitaria”.

Además, las familias que recientemente se mudaron a Colorado o los estudiantes que se inscribieron en el programa de almuerzo gratuito después de que su escuela enviara su documentación de elegibilidad anual no fueron inscritos automáticamente en el programa de comidas de verano.

“Solo un pequeño número de estudiantes necesita presentar una solicitud para recibir los beneficios”, dijo AnneMarie Harper, directora de comunicaciones del Departamento de Servicios Humanos de Colorado, en un correo electrónico.

El departamento rechazó una entrevista en respuesta a las preguntas de The Colorado Sun sobre por qué el estado no logró llegar a más niños el año pasado.

Las autoridades estatales tampoco estimaron cuántos niños elegibles necesitan presentar la solicitud, afirmando que el programa es demasiado nuevo para que el estado tenga una “estimación completa”.

Un experto en políticas públicas que ha estudiado el problema a nivel nacional descubrió que, entre una docena de estados analizados, Colorado tuvo el porcentaje más bajo de solicitudes por parte de familias elegibles.

“Millones de dólares nunca llegaron a las familias que calificaban, ya que no presentaron la solicitud en línea”, dijo David Rubel, consultor de políticas públicas en Nueva York. “Muy pocas familias en Colorado presentaron la solicitud”.

Está preocupado porque $500 millones en todo el país—incluyendo aproximadamente $8 millones en Colorado—podrían quedar sin utilizar por los estados y ser devueltos al gobierno federal, algo similar a lo que ocurrió el año pasado.

Según su investigación, solo el 0.003% de los 67,400 niños elegibles en Colorado cuyos padres habrían calificado si hubieran presentado la solicitud realmente lo hicieron.

El promedio en los 12 estados que investigó Rubel fue 6.4%, lo que significa que 4 millones de familias elegibles en todo el país no presentaron la solicitud.

Rubel estimó el número de niños elegibles en cada estado utilizando datos del Departamento de Agricultura de EE. UU., que indican que aproximadamente el 20% de los niños elegibles necesitarían presentar la solicitud, mientras que el 80% ya estarían inscritos automáticamente a través de otros programas de asistencia.

El Departamento de Agricultura también había estimado que 337,000 niños en Colorado serían elegibles en total, pero el estado encontró 550,000 inscritos automáticamente.

Uno de los mayores problemas el verano pasado fue el poco tiempo disponible para informar a las familias.

Tras la aprobación federal del programa, los estados solo tuvieron dos meses para aceptar solicitudes, lo que significó poco tiempo para difundir información sobre el programa.

Sin embargo, este año los estados tienen varios meses para darlo a conocer. La solicitud estará disponible en el sitio web en las próximas semanas, dijo Harper.

Antes de que el estado enviara las tarjetas de beneficios el verano pasado, las autoridades tuvieron que identificar a los 550,000 niños que calificaban automáticamente, además de coordinarse con las escuelas para obtener las direcciones de correo de esas familias.

Las tarjetas fueron enviadas a nivel nacional el verano pasado, aunque algunas no llegaron hasta agosto.

El año pasado, Colorado publicitó el programa a través de su sitio web, carteles, volantes y publicaciones en redes sociales en inglés y español.

Harper señaló que el estado “continúa enfocando sus esfuerzos en generar conciencia sobre el programa”, lo que incluye asambleas públicas, presentaciones itinerantes y asociaciones con la Asociación de Centros de Recursos Familiares, que cuenta con 32 sedes en Colorado.

“Para los estudiantes que se inscribieron el año pasado y siguen siendo elegibles este año, CDHS simplemente recargará sus tarjetas”, dijo Harper. “Al finalizar el programa del año pasado, les pedimos a los estudiantes y sus familias que conservaran sus tarjetas de beneficios para que pudiéramos hacer exactamente eso”.

El programa de este verano ya está autorizado en el presupuesto federal y no ha sido afectado por los recortes presupuestarios de la administración Trump.

Esta historia fue publicada a través de un acuerdo de compartición de noticias con The Colorado Sun, una organización sin fines de lucro propiedad de periodistas, con sede en Denver, que cubre todo el estado.

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El alcalde de Denver, Mike Johnston, compareció el miércoles ante un comité del Congreso para responder por el estatus de la ciudad como una supuesta ciudad santuario. Durante su testimonio, Johnston defendió la decisión de la ciudad de brindar refugio a las decenas de miles de migrantes que han llegado a Denver, asegurando que era tanto una responsabilidad de su cargo como una obligación moral.

Sin embargo, varios republicanos del comité argumentaron que Johnston—junto con los alcaldes de Chicago, Nueva York y Boston—debería ser procesado y encarcelado por presuntamente violar la ley federal que prohíbe albergar inmigrantes indocumentados.

Cuatro horas después de iniciada la tensa audiencia, la congresista republicana de Florida Anna Paulina Luna afirmó que solicitaría a la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, que investigara a los alcaldes. No obstante, una recomendación de un legislador no garantiza que el Departamento de Justicia de EE.UU. lleve a cabo una investigación.

“No hago esto para intimidarlos, pero realmente creo que sus políticas están perjudicando al pueblo estadounidense,” dijo Luna. “Si continúan con lo que están haciendo, no van a ayudar a nadie, solo van a dañar a más personas. Y por eso estoy cansada de esto. El pueblo estadounidense está cansado de esto.”

El congresista republicano de Luisiana Clay Higgins recordó un comentario anterior de Johnston, en el que el alcalde de Denver afirmó estar dispuesto a ir a la cárcel para evitar redadas migratorias en escuelas e iglesias de la ciudad.

“Uno de ustedes dijo que estaba dispuesto a ir a la cárcel,” declaró Higgins al finalizar su intervención sobre los peligros de la inmigración ilegal. “Tal vez les demos esa oportunidad.”

Johnston enfrentó varias rondas de preguntas, incluidas las de la congresista republicana de Colorado Lauren Boebert, luego de que explicara cómo Denver albergó y alimentó a muchos de los 42,000 migrantes que llegaron a la ciudad en un periodo de 18 meses a partir de diciembre de 2022.

“Cada uno de nosotros tiene su propia opinión sobre lo que debería suceder en la frontera,” dijo Johnston en su declaración inicial ante el comité de mayoría republicana. “Pero esa no era la pregunta que enfrentaba Denver. La pregunta era: ¿qué harás con una madre y dos niños abandonados en las calles de nuestra ciudad sin ropa de abrigo, sin comida y sin un lugar donde quedarse?”

Johnston también citó la Biblia durante su testimonio.

“Como alcalde, tengo la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de todos en nuestra ciudad. Como hombre de fe, tengo la obligación moral de cuidar a quienes lo necesitan,” afirmó. “Como dice la Escritura: ‘Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui extranjero y me acogiste’. Y eso fue lo que hicimos.”

En el punto más alto del flujo migratorio a Denver, llegaban hasta 11 autobuses por día, transportando a cientos de personas, muchas de ellas mujeres y niños en camisetas y sandalias en pleno invierno, explicó Johnston. La ciudad habilitó ocho refugios financiados por el gobierno local—que ya han sido cerrados—y ayudó a 8,700 personas a solicitar permisos de trabajo.

El alcalde también destacó que muchos de los autobuses fueron enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbott.

“Cuando comenzaron a llegar los autobuses llenos de migrantes, algunos en mi ciudad sintieron miedo, al igual que probablemente algunos de sus electores,” dijo Johnston. “Tenían miedo del crimen, de la falta de vivienda y de lo que estos recién llegados pudieran quitarles. Entiendo ese miedo. La verdad es que quienes son nuevos en este país hacen cosas buenas y malas, como todos nosotros.”

“Pero cuando los autobuses siguieron llegando, Denver tomó una decisión como ciudad: en lugar de odiarnos unos a otros, decidimos ayudarnos.”

Boebert, cuya jurisdicción incluye el condado de Douglas, Loveland y las llanuras orientales de Colorado, es miembro del comité y estuvo acompañada por tres republicanos de Colorado—Jeff Crank, Jeff Hurd y Gabe Evans, quienes solicitaron participar en la audiencia.

Además de las amenazas de cárcel, la audiencia podría tener implicaciones significativas para Denver y otras ciudades santuario, ya que algunos legisladores han propuesto eliminar fondos federales para las ciudades que no cooperan con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En Colorado, la ley estatal prohíbe que las fuerzas del orden locales retengan a inmigrantes en la cárcel para esperar a que ICE los recoja.

Boebert, limitada a cinco minutos de intervención como el resto del panel, bombardeó a Johnston con preguntas y exigió respuestas de “sí” o “no”. Cuando intentó dar explicaciones más largas, ella lo interrumpió.

Boebert cuestionó por qué el alcalde contrató a un abogado “Para ayudar a cubrir su trasero para las políticas de la ciudad santuario de Denver para esta audiencia” y dijo que tiene documentación “que prueba que usted estaba enviando extranjeros ilegales a Aurora, su delincuencia estaba aumentando mientras usted se escondía bajo leyes que no exigirá que sean derogadas”.

Ella también interrogó al alcalde sobre una ordenanza de Denver de 2017, conocida como Ley de Prioridades de Seguridad Pública, que prohíbe que los empleados de la ciudad pregunten sobre el estatus migratorio de una persona o lo informen a las autoridades federales.

“¿Sería despedido un empleado de la ciudad por comunicarse o coordinarse con un agente de la EPA?” preguntó Boebert.

“¿Y qué hay del Departamento de Salud y Servicios Humanos?”

“¿Así que solo serían despedidos si hablaran con agentes de inmigración?”

Johnston respondió que Denver sí coopera con las autoridades federales, incluyendo a ICE, notificando a la agencia cuando una persona en la cárcel local tiene una orden de detención migratoria. Sin embargo, aclaró que la ciudad no retiene a inmigrantes más allá de su tiempo de sentencia.

Según Johnston, en los últimos siete años, Denver ha notificado a ICE en 1,226 ocasiones sobre personas detenidas con órdenes de inmigración.

Johnston también enfrentó preguntas del congresista republicano de Ohio, Jim Jordan, sobre el reciente arresto de Abraham González, un inmigrante acusado de asalto agravado. Jordan criticó que Denver solo notificó a ICE con una hora de anticipación antes de liberarlo, lo que resultó en una persecución en el estacionamiento de la cárcel y en un arresto violento por parte de múltiples agentes federales.

Un video del Departamento de Seguridad Pública de Denver muestra a agentes de ICE sometiendo a González, una situación que, según el congresista de Ohio, se volvió peligrosa debido a la negativa de Denver de mantener a González bajo custodia. Jordan afirmó que un oficial de ICE fue agredido y que se utilizaron táseres durante el arresto.

“¿Por qué no les dieron más tiempo de aviso?” preguntó Jordan. “¿Por qué no lo entregaron directamente a ICE?”

Johnston respondió que había revisado el video y ofreció reunirse con ICE para discutir posibles cambios en los procedimientos de la ciudad.

Johnston fue notificado en una carta del 27 de enero de que el comité estaba “investigando las jurisdicciones santuario” en todo el país y “su impacto en la seguridad pública y la efectividad de los esfuerzos federales para hacer cumplir las leyes de inmigración de los Estados Unidos”.

“Denver es una jurisdicción santuario según la ley de Colorado, y el alcalde Mike Johnston confirmó que estaba dispuesto a ir a la cárcel para proteger a inmigrantes indocumentados de las autoridades federales de inmigración,” decía la carta, citando un artículo de Fox News en el que Johnston mencionaba cómo la ciudad intentaría evitar una deportación masiva.

Esta historia fue publicada a través de un acuerdo de compartición de noticias con The Colorado Sun, una organización sin fines de lucro propiedad de periodistas, con sede en Denver, que cubre todo el estado.

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Están surgiendo preguntas sobre cómo las nuevas políticas de inmigración de la administración Trump continuarán afectando a Colorado, especialmente después de que los agentes federales realizaron operativos puerta a puerta en Denver y Aurora la semana pasada, deteniendo a un número desconocido de personas.

¿Podría ocurrir nuevamente una operación de control de inmigración como la redada de 2006 en una planta empacadora de carne en Greeley, que resultó en 262 arrestos? ¿Funcionarían ahora métodos como esconderse en una iglesia para evitar la deportación, como lo hizo Jeanette Vizguerra durante la última administración de Trump?

Aquí están las respuestas a algunas de las principales preguntas sobre inmigración.

¿Puede la policía local arrestar a alguien por su estatus migratorio?

No. Bajo la ley de Colorado aprobada en 2019, los oficiales de la policía local no pueden arrestar ni detener a una persona basándose únicamente en su estatus migratorio o en una solicitud de ICE.

Además, la ley estatal les prohíbe notificar a ICE sobre el estatus migratorio de alguien que esté bajo su custodia. Sin embargo, si los oficiales de la ley arrestan a alguien que tiene un “detainer” de ICE, pueden notificar a ICE cuando esa persona sea liberada de la custodia. No pueden, sin embargo, detener a las personas después de su liberación para facilitar la recolección por parte de ICE.

“Si la ciudad recibe una solicitud de notificación de liberación de ICE para alguien bajo custodia, cumpliremos con ella”, dijo recientemente el alcalde de Denver, Mike Johnston. “Sin embargo, nuestros oficiales de la ley no son oficiales de inmigración, y nunca les pediremos que hagan el trabajo del gobierno federal a través de la aplicación de la ley de inmigración. La conclusión es que Denver siempre hará cumplir la ley criminal y mantendrá la seguridad pública, independientemente del estatus migratorio de una persona”.

El sheriff del condado de Pueblo, David Lucero, dijo recientemente que su oficina no participará en ninguna redada de ICE, pero apoyará a los oficiales federales en casos que involucren cargos criminales y como respaldo si un oficial está en peligro.

“Si hay algo relacionado con un delito y sabemos que el delincuente está en nuestro condado, absolutamente los apoyaremos”, dijo Lucero en un comunicado. “No apoyaremos ninguna operación de redada. Mi función no es hacer cumplir las leyes de inmigración. No soy el sheriff federal. Mi función es hacer cumplir la ley de Colorado y asegurar la seguridad de los ciudadanos del condado de Pueblo”.

La ley estatal “prohíbe privar a una persona de su libertad por una presunta violación civil de inmigración en ausencia de una orden firmada por un juez”, dijo la ACLU.

Los oficiales de libertad condicional tienen prohibido compartir información con ICE.

El año pasado, la Corte de Apelaciones de Colorado dictaminó que la práctica del sheriff del condado de Teller de retener a inmigrantes indocumentados en su cárcel del condado mediante un acuerdo con las autoridades federales violaba la ley estatal.

¿Cuándo es ilegal reportar a alguien a ICE?

Es ilegal, según una ley de Colorado aprobada en 2021, amenazar con reportar el estatus migratorio de otra persona a las autoridades para presionarla a realizar un acto o abstenerse de realizar un acto legal.

Colorado también tiene una ley específica para proteger a los inquilinos de este tipo de amenaza.

La ACLU de Colorado presentó recientemente una demanda contra un propietario de Aurora alegando que el propietario hizo amenazas repetidas de reportar a los inquilinos a las autoridades migratorias, lo cual es una violación de la Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes de Colorado. Los inquilinos venezolanos dijeron que el propietario quería desalojarlos, cambió las cerraduras sin avisarles y amenazó repetidamente con llamar a ICE si la familia no desocupaba, según la ACLU. Los inquilinos tienen casos de asilo pendientes para intentar quedarse en los Estados Unidos.

¿Puede un agente federal exigir una lista de residentes, empleados, estudiantes, etc., que no tengan números de Seguro Social?

Bajo la ley de Colorado, las agencias estatales no pueden compartir información personal identificativa con ICE, a menos que ICE proporcione una orden judicial o una citación.

Las agencias estatales solo pueden recopilar el estatus migratorio cuando así lo exija la ley estatal o federal.

¿Existen “áreas protegidas” en Colorado donde los agentes federales no puedan hacer arrestos relacionados con inmigración?

Las reglas sobre esto han cambiado recientemente.

El mes pasado, la administración de Trump revirtió una política de 2011 que impedía a los agentes realizar arrestos en lugares sensibles, incluyendo escuelas e iglesias. Esta política fue implementada durante la administración del expresidente Obama y restablecida bajo el presidente Biden.

Pero bajo la nueva administración, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anunció el fin de esa política y dijo que está otorgando a los agentes más autoridad para llevar a cabo la aplicación de las leyes de inmigración. Esto desató pánico en algunas escuelas de Colorado y podría haber resultado en un aumento en las ausencias.

“Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de América para evitar ser arrestados. La administración de Trump no atará las manos de nuestros valientes oficiales de la ley, y en cambio confía en que usen el sentido común”, dijo Benjamine Huffman, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, el 21 de enero.

Además de las escuelas, la política federal anterior incluía varias otras áreas protegidas, como instalaciones médicas, iglesias, centros de cuidado infantil, centros de servicios sociales, funerales y ceremonias en las tumbas, y lugares donde se lleva a cabo un desfile, una manifestación o una protesta.

Los funcionarios electos locales se oponen, pero son algo impotentes para detenerlo.

“También creemos que todos merecen poder obtener una educación, recibir atención médica y adorar sin miedo”, dijo la oficina del alcalde de Denver. “Las escuelas, los hospitales y las iglesias son la base de la comunidad y esenciales para proporcionar los servicios que construyen sociedades saludables. Nos oponemos rotundamente a la aplicación de la inmigración o redadas en estos lugares sensibles y haremos todo lo que esté dentro de nuestra autoridad legal para protegerlos”.

ICE no puede realizar arrestos en o cerca de los tribunales ni cuando alguien esté en camino a o desde el tribunal, según la política federal.

En 2017, la iglesia First Unitarian Society en Denver permitió que una madre de cuatro hijos que enfrentaba la deportación a México se ocultara en su edificio. Jeanette Vizguerra, una empleada doméstica acusada de usar un número de Seguro Social falso en una solicitud de trabajo, vivió en el santuario durante más de tres años antes de que los procedimientos de deportación fueran detenidos por la administración de Biden.

¿Por qué razones pueden los agentes de ICE arrestar legalmente a alguien?

ICE está autorizado a arrestar a individuos sospechosos de violaciones migratorias. Los agentes federales de inmigración pueden arrestar a personas sin estatus legal, incluso si no tienen antecedentes penales ni cargos pendientes.

Los grupos de defensa de inmigrantes están recomendando a las personas que no abran la puerta en casa si ICE toca. Los agentes federales de inmigración no pueden ingresar sin una orden firmada por un juez. ICE no ha respondido a preguntas sobre si tenía una orden para los operativos realizados en Denver y Aurora la semana pasada. La agencia estuvo acompañada por varios otros oficiales federales de la ley, incluyendo de la Administración de Control de Drogas, que dijo tener una orden.

¿Pueden las leyes estatales reemplazar alguna vez la ley federal sobre inmigración?

No, pero los estados tienen el poder de crear leyes relacionadas con la inmigración siempre y cuando no entren en conflicto con la ley federal. Es responsabilidad exclusiva del gobierno federal regular quién puede ingresar al país, sin embargo, los estados tienen la autoridad bajo la Enmienda Décima para limitar su participación en la aplicación de las leyes federales de inmigración, lo que es la razón por la que Colorado puede prohibir que las autoridades locales arresten a personas debido a una solicitud de detención por inmigración.

Los estados también pueden decidir cosas como si los inmigrantes deben mostrar prueba de estatus legal para obtener una licencia de conducir. En Colorado, no se requiere esa prueba.

La ley federal restringe a los inmigrantes indocumentados de recibir beneficios públicos federales, incluyendo Medicaid y asistencia alimentaria. Pero los estados tienen el poder de gestionar algunos beneficios públicos siempre que sean financiados por el estado. En 2021, la legislatura de Colorado hizo que los beneficios estatales y locales, incluyendo jubilación, asistencia alimentaria, atención médica y vivienda, estuvieran disponibles para los residentes indocumentados.

¿Qué derechos tiene alguien después de ser detenido por ICE? ¿Pueden ser deportados sin una audiencia?

Solo un juez de inmigración puede ordenar la deportación de alguien, pero existen excepciones.

Los inmigrantes sin estatus legal tienen derecho a defenderse en una audiencia judicial, siempre y cuando no hayan sido deportados previamente. También existe una excepción llamada “remoción expedita”, que permite al Departamento de Seguridad Nacional deportar a alguien sin una audiencia.

Las reglas sobre la remoción expedita pueden cambiar con la administración, y la administración de Trump ya ha “expandido drásticamente” las razones para la remoción expedita, según una demanda presentada por la ACLU.

La administración de Trump emitió una regla el 21 de enero que establece que la remoción expedita ahora se aplica a las personas que se encuentren en cualquier parte del país y no puedan demostrar que han estado en los Estados Unidos por más de dos años. Antes de esto, los agentes federales solo utilizaban la remoción expedita contra personas dentro de 100 millas de la frontera y dentro de los 14 días posteriores a su llegada al país, según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración.

Los inmigrantes indocumentados tienen derecho a consultar con un abogado, pero el gobierno no les proporciona uno de forma gratuita, como lo hace en los casos criminales graves. Colorado tiene más de 77,000 casos de inmigración pendientes en el tribunal federal en Denver y dentro del centro de detención de ICE en Aurora.

¿Se permiten redadas en negocios o fábricas sospechosos de emplear personas indocumentadas?

Se permite que los agentes de ICE entren en espacios públicos como restaurantes o tiendas. Sin embargo, no pueden ingresar a áreas privadas de un lugar de trabajo a menos que tengan una orden de arresto o permiso del empleador, según la ACLU.

En 2006, más de 100 agentes federales realizaron una redada en la planta empacadora de carne Swift & Co en Greeley, arrestando a 262 trabajadores. Fue la redada de inmigración más grande en la historia de los EE. UU., según informaron los medios de comunicación en ese momento, señalando que los vecindarios latinos de la ciudad del condado de Weld fueron abandonados mientras la gente huía por miedo o se escondía en sótanos.

ICE realizó redadas en otras cinco plantas de Swift en Texas, Utah, Nebraska, Iowa y Minnesota, deteniendo a 1,297 trabajadores indocumentados. Las redadas fueron el resultado de una investigación sobre números de Seguro Social fraudulentos.

¿Qué significa que Trump esté terminando el Estatus de Protección Temporal (TPS)?

Algunos de los familiares de las personas detenidas durante las redadas de la semana pasada en Denver y Aurora dijeron que sus seres queridos tenían estatus de protección temporal, una designación federal que otorga estatus legal temporal a personas de países específicos que enfrentan crisis humanitarias. Las personas de Haití, Afganistán y Venezuela han podido ingresar al país en los últimos años a través del TPS.

Esto les permite vivir y trabajar en los Estados Unidos mientras sus países de origen enfrentan crisis políticas o ambientales, pero no les otorga un estatus legal permanente.

Aproximadamente 600,000 venezolanos en todo el país tienen estatus de protección temporal, que fue extendido por el expresidente Biden hasta octubre de 2026. La nueva secretaria de seguridad nacional de Trump, Kristi Noem, revocó esa extensión, lo que significa que la designación para esos 600,000 venezolanos expirará en abril.

Los migrantes cuyo estatus de protección temporal haya expirado podrían enfrentarse a la deportación.

Esta historia fue publicada a través de un acuerdo de compartición de noticias con The Colorado Sun, una organización sin fines de lucro propiedad de periodistas, con sede en Denver, que cubre todo el estado.

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En los apartamentos Cedar Run en Denver, los residentes dijeron que más de 100 agentes federales armados con 30 a 40 vehículos y tanques rodearon el complejo poco después de las 4 a.m. Golpearon puertas, utilizaron granadas de humo y empujaron las puertas para abrirlas, según los residentes. Los residentes miraban, grabando videos y tomando fotos, mientras las personas eran subidas a un autobús con las manos esposadas a la espalda.

Deicy Aldana estaba en la cama cuando los agentes golpearon su puerta alrededor de las 6 a.m., dijo ella. Cuando su suegro abrió la puerta un poco, los agentes la empujaron y les preguntaron de qué país eran. Cuando el esposo de Aldana y su suegro respondieron que eran de Venezuela, fueron llevados con esposas plásticas, dijo Aldana, quien es colombiana.

Ambos hombres tienen permisos de trabajo y han solicitado asilo para quedarse en Estados Unidos, dijo ella. Ninguno está relacionado con ninguna pandilla, comentó. Su esposo ha estado reparando aires acondicionados y su suegro trabaja en una planta de reciclaje, dijo Aldana. “Dijeron que si todos sus papeles estaban en orden, los liberarían en tres a cinco horas”, dijo Aldana en español mientras estaba en el balcón de un apartamento. “Simplemente los llevaron sin preguntar si tenían documentos”.

Ronald Sánchez, quien es de Venezuela y llegó a Colorado hace poco más de un año, dijo que lo despertaron antes del amanecer por el sonido de su teléfono. Las personas en el complejo se estaban enviando mensajes, diciendo: “¡Los agentes federales están aquí! ¡No abran sus puertas”!

Sanchez, quien tiene un permiso de trabajo y ha solicitado asilo, no abrió la puerta cuando los agentes golpearon. “No soy residente legal, así que no respondí,” dijo él en español.

Dijo que vio a seis hombres y dos mujeres subirse al autobús, con las manos esposadas detrás de sus espaldas. Otros dijeron que había más.

Las autoridades no confirmaron cuántas personas fueron detenidas.

En un video publicado el miércoles por la mañana por la división de las Montañas Rocosas de la Administración para el Control de Drogas de EE. UU., se ve a dos agentes fuera de un edificio de apartamentos ejecutando una orden, bajo lo que los oficiales de la DEA llamaron operaciones del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. El departamento incluye a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.

El video no incluía una ubicación, pero parecía ser uno de los complejos de apartamentos en Aurora que las autoridades han dicho que era el sitio de actividad de pandillas venezolanas. En el video, los oficiales están usando lo que parecen ser granadas de humo.

En un video separado publicado desde la cuenta de X de la Oficina de Campo de ICE Denver, el director interino de ICE, Caleb Vitello, está hablando desde el estacionamiento de los apartamentos Cedar Run. Dice que la acción en curso se centró en buscar a Tren de Aragua, los miembros de la pandilla de Venezuela. Hizo referencia a las leyes de Colorado que prohíben a las agencias de policía locales mantener a las personas en la cárcel basándose en órdenes de ICE.

“Desafortunadamente, tenemos que venir a las comunidades porque no obtenemos la cooperación que necesitamos de las cárceles. Sería mucho más fácil y mucho más seguro para nuestros oficiales y agentes si pudiéramos llevar a estas personas bajo custodia desde un entorno seguro. Pero si tenemos que salir a la comunidad para hacer esto, eso es lo que vamos a hacer”, dijo, señalando que oficiales del U.S. Marshall, FBI, DEA, ATF y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza están involucrados.

Un portavoz de la división de las Montañas Rocosas de la DEA dijo que no divulgarían más información sobre su publicación debido a la investigación en curso.

Las redadas señalaron el inicio de lo que el presidente Donald Trump ha denominado “Operación Aurora”, su plan para detener y deportar a inmigrantes que hayan cometido delitos.

“Estamos al tanto de la aplicación de la ley de inmigración en un complejo de apartamentos en Denver. Estamos en contacto con las Escuelas Públicas de Denver y otros socios de la ciudad, y hemos confirmado que no ha habido ninguna actividad en escuelas, hospitales ni iglesias”, dijo el alcalde Mike Johnston. “La Policía de Denver y las autoridades de la ciudad no estuvieron involucradas en estas acciones, ni se nos dio aviso previo. Continuaremos monitoreando estas actividades durante todo el día”.

Los funcionarios de la ciudad de Aurora dijeron que su fuerza policial no estuvo involucrada en las redadas. “Como hemos dicho en numerosas ocasiones, la ley estatal de Colorado prohíbe a los gobiernos locales participar en la aplicación de la ley de inmigración y la detención específica de inmigrantes”, dijo la ciudad en un comunicado enviado por correo electrónico. “Nos enfocamos en hacer cumplir las leyes estatales y locales”.

En el complejo de apartamentos The Edge at Lowery en Aurora, testigos vieron a agentes federales de varias agencias golpear las puertas de los apartamentos entre las 6 y las 7 a.m. Nadie abrió sus puertas y los testigos no vieron a nadie de The Edge ser detenido. Más tarde en la mañana, el complejo estaba en silencio — nadie estaba afuera, excepto los oficiales de seguridad que han estado vigilando el complejo durante semanas. Cartón cubría muchas de las ventanas de los apartamentos.

En Cedar Run, la redada duró casi cinco horas y los residentes estaban alterados. Muchos niños en el complejo no asistieron a la escuela porque sus familias permanecieron refugiadas en los apartamentos mientras los agentes iban puerta por puerta. Un autobús escolar que llegó para recoger a los niños no pudo entrar al complejo, dijeron los residentes.

David Lobo dijo que su hija de 8 años y su bebé de 7 meses se asustaron y se espantaron cuando los agentes golpearon la puerta alrededor de las 7 a.m.

La puerta de su apartamento estaba entreabierta cerca de la perilla. Lobo dijo que los agentes intentaron forzarla. Pedazos de lo que parecían ser fragmentos de una broca estaban en la acera de cemento alrededor del apartamento, y Lobo dijo que los agentes habían usado martillos de deslizamiento o alguna otra herramienta para intentar romper las puertas.

Brenda Soto, quien es blanca y ciudadana de EE. UU., dijo que abrió la puerta de su apartamento para encontrar a cuatro agentes. “¿Es usted residente de este apartamento”? le preguntaron. Cuando les dijo que vivía allí con sus hijos, se disculparon por haberla molestado y se fueron mientras ella preguntaba: “¿Hay un incendio”? Nadie le respondió, dijo.

En el estacionamiento, un grupo de abogados de derechos civiles hablaba sobre cómo podrían ayudar a los residentes.

Otro residente dijo que se despertó alrededor de las 5 a.m. para ver el complejo rodeado. Nadie golpeó su puerta, pero observó cómo un hombre fue llevado al autobús con las manos esposadas, dijo.

Los agentes federales se movieron por Aurora y Denver hasta la tarde del miércoles, estableciendo áreas de preparación en estacionamientos y luego caravaneando hacia complejos de apartamentos. Se habían reunido en el estacionamiento de un Best Buy en el sureste de Denver, y por la tarde, en un Target en el borde de Denver y Aurora.

En todo el país, los agentes federales han publicado videos o fotos de redadas, como parte de un esfuerzo para alentar a las personas a “deportarse por su cuenta”.

La confusión y el miedo sobre las redadas ha aumentado en las últimas semanas.

La semana pasada, los agentes federales de inmigración estaban estableciendo un centro de “retención temporal” y “procesamiento” en la Base de la Fuerza Espacial de Buckley en Aurora. NBC News, citando fuentes anónimas, dijo que las redadas eran inminentes en Aurora, pero luego indicó que las redadas se pospusieron debido a que las filtraciones a los medios podrían crear un riesgo de seguridad para los oficiales federales.

Los agentes federales de inmigración estaban estableciendo la base de Buckley como un área de preparación el miércoles para detener y procesar a los “extranjeros criminales”, según un comunicado del Comando Norte de los EE. UU.

El Comando Norte dijo que la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional pedía que ICE tuviera un “centro de operaciones temporal, área de preparación y un lugar de retención temporal para recibir, retener y procesar a los extranjeros criminales”.

Pero luego, el representante federal Jason Crow, un demócrata de Centennial cuyo distrito incluye Buckley, visitó la base y dijo que le habían asegurado que no se utilizaría como una instalación de detención.

Los funcionarios federales no dijeron el miércoles adónde llevaban a las personas que habían detenido.

El 26 de enero, la DEA realizó una redada en el condado de Adams, al norte de Denver. Agentes federales detuvieron a unas 50 personas, muchas de ellas relacionadas con la pandilla venezolana Tren de Aragua, durante una redada en la madrugada en un club nocturno improvisado a lo largo de Federal Boulevard, según la oficina regional de la DEA.

Jonathan Pullen, agente especial a cargo de la región de las Montañas Rocosas de la DEA, le dijo a The Sun que la redada no formaba parte de los esfuerzos de deportación de Trump y que los agentes habían estado investigando a la pandilla durante meses cuando planearon la redada en una fiesta de la pandilla. Confiscaron cuatro armas, efectivo, cocaína y cocaína rosa, que es una mezcla de cocaína y metanfetamina o ketamina que los miembros de la pandilla tiñen de rosa, dijo Pullen.

Esta historia fue publicada a través de un acuerdo de compartición de noticias con The Colorado Sun, una organización sin fines de lucro propiedad de periodistas, con sede en Denver, que cubre todo el estado.

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La organización más grande de Colorado que ofrece servicios legales a inmigrantes ha sido ordenada a detener sus operaciones.

El Departamento de Justicia de EE. UU. emitió una ‘orden de cese de actividades’ a varias organizaciones de defensa de inmigrantes en todo el país, incluida la que financia la red del Rocky Mountain Immigrant Advocacy. La organización sin fines de lucro de Colorado brinda representación legal gratuita y otros servicios legales a miles de inmigrantes que se encuentran detenidos en el centro de detención en Aurora o que están luchando contra su deportación en el tribunal de inmigración de Denver.

La orden sigue a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump titulada “Protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión” y que anuncia la “ejecución fiel de las leyes de inmigración”.

La orden de cese de actividades del Departamento de Justicia federal fue recibida la semana pasada por organizaciones de defensa que reciben fondos federales, incluyendo el Acacia Center for Justice, que apoya la red de Colorado. Los defensores de Colorado anunciaron el lunes por la noche que la orden significa que deben suspender sus operaciones dentro del centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. en Aurora y en el tribunal de inmigración en el centro de Denver.

Más del 85% de los inmigrantes en Colorado que luchan contra su deportación y tratan de probar su caso de asilo u otros métodos legales para permanecer en los Estados Unidos no tienen abogado. Muchos de ellos visitan los puntos de ayuda de la red de defensa y las presentaciones de ‘Conozca sus Derechos’ en el tribunal y el centro de detención antes de ingresar a la corte para enfrentarse a un juez de inmigración.

La acción federal llegó en forma de un correo electrónico conciso, una copia del cual fue obtenida por The Sun.

“Este correo electrónico es para notificarle que debe cesar de inmediato las actividades conforme a la Orden Ejecutiva vinculada a continuación”, decía el correo, incluyendo un enlace a la orden de protección contra la invasión de Trump.

“La administración está efectivamente silenciando la capacidad de los inmigrantes para defender sus derechos mientras los somete a medidas de aplicación de la ley y detención más intensificadas”, dijo RMIAN en un comunicado de prensa.

“Quitar el acceso a estos programas esenciales y que salvan vidas de servicios legales en inmigración, mientras se ordenan aumentos en la aplicación de la ley de inmigración y la detención que atropellarán los derechos de los miembros de la comunidad, es una violación impactante y grosera de los principios fundamentales del debido proceso, el acceso igualitario a la justicia y nuestros valores de cuidado hacia los miembros de nuestra comunidad y nuestros seres queridos”, dijo Mekela Goehring, directora ejecutiva de la organización”.

La orden corta el financiamiento de los programas de ‘Conozca sus Derechos’, que es la forma en que las organizaciones de defensa en todo el país filtran casos para determinar la necesidad de representación legal, dijo Laura Lunn, directora de defensa de RMIAN, a The Sun el martes. Aunque los 41 empleados de la red pueden cambiar a otras tareas, “sin este primer punto de contacto, será muy difícil” identificar a las personas detenidas que necesiten apoyo legal, dijo.

La red de defensa comenzó su trabajo en Colorado en 2003. El grupo recientemente capacitó a unos 100 abogados no especializados en inmigración para que asumieran casos de inmigración para personas detenidas en Aurora.

El centro de detención de ICE en Aurora tiene licencia para albergar hasta 1,500 personas. El gobierno federal se niega a publicar un conteo diario de cuántas personas están detenidas en el centro, pero las organizaciones de defensa de inmigrantes estiman que casi 1,200 personas están detenidas. De esas, aproximadamente el 40% enfrenta cargos criminales, mientras que el 60% está detenido solo por estar en los Estados Unidos ilegalmente.

Además, 77,000 casos están pendientes en el tribunal federal de inmigración en el centro de Denver.

Los expertos en inmigración argumentan que la ausencia de abogados en la sala del tribunal contribuye al retraso generalizado en los tribunales de inmigración a nivel nacional, ya que los jueces se ven obligados a hacer todo lo posible para asegurarse de que las personas entiendan sus derechos y extienden los casos durante años para darles tiempo suficiente para presentar pruebas.

Las organizaciones de derechos de los inmigrantes en todo el país han dicho que planean presentar una demanda contra el Departamento de Justicia por la orden de cese de actividades.

Acacia, la organización sin fines de lucro nacional que financia la red de Colorado, opera ocho programas financiados por el gobierno federal y un programa financiado por el estado en más de 80 ubicaciones.

Mientras tanto, un comité del Congreso ha solicitado al alcalde de Denver, Mike Johnston, que testifique el 11 de febrero sobre el estatus de la ciudad como una ‘ciudad santuario’, aunque Denver no utiliza ese término. El alcalde recibió una carta del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes de EE. UU., solicitando que explique las políticas de Denver.

“Las jurisdicciones santuario y sus políticas equivocadas y obstruccionistas dificultan la capacidad de los oficiales federales de hacer arrestos seguros y eliminar a criminales peligrosos de las comunidades estadounidenses, haciendo a los estadounidenses menos seguros”, dice la carta. “Denver es una jurisdicción santuario que se niega a cooperar completamente con la aplicación de la ley de inmigración federal”.

Las acciones se producen después de que Trump prometiera llevar a cabo ‘deportaciones masivas’ y la administración ha intensificado la aplicación de la ley de inmigración, comenzando con redadas en Chicago.

Esta historia fue publicada a través de un acuerdo de compartición de noticias con The Colorado Sun, una organización sin fines de lucro propiedad de periodistas, con sede en Denver, que cubre todo el estado.

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