El gobernador de Colorado, Jared Polis, firmó este lunes la Ley de Derechos Electorales de Colorado, estableciendo en el ámbito estatal diversas protecciones contenidas en la Ley de Derechos Electorales federal.

El Proyecto de ley del Senado 25-1, el primero de la sesión legislativa de 2025, prohíbe prácticas electorales que limiten la participación de personas de color y otros grupos protegidos, según explicaron los patrocinadores. La ley también incluye protecciones para votantes LGBTQ+, amplía el acceso a boletas multilingües y exige adaptaciones para personas con discapacidades en centros residenciales.

El fiscal general del estado podrá hacer cumplir esta ley, lo que significa que Colorado no tendrá que depender de los tribunales federales para proteger los derechos electorales. Las disposiciones de esta legislación se aplicarán a todas las elecciones estatales y municipales. Los votantes cuyos derechos sean violados bajo esta ley podrán tomar acciones legales junto a organizaciones de derechos civiles.

Entre los patrocinadores del proyecto se encuentran la senadora estatal Julie Gonzales, la representante Jennifer Bacon y la representante Junie Joseph, todas demócratas de Denver y Boulder. Grupos que apoyan la medida incluyen Colorado Common Cause, la Coalición de Reforma de la Justicia Penal de Colorado, la Liga de Mujeres Votantes y la ACLU, entre otros.

Gonzales señaló que la inacción del Congreso y las decisiones de tribunales federales han llevado al “desmantelamiento lento” de la Ley de Derechos Electorales federal. Diversos fallos judiciales han debilitado esa ley durante la última década, y existe creciente preocupación de que una futura administración del expresidente Donald Trump podría socavar aún más sus protecciones.

“Fueron protecciones por las que luchó arduamente el movimiento por los derechos civiles, liderado especialmente por la comunidad negra, y ver que ahora, una generación después, no sabemos si seguirán existiendo ni por cuánto tiempo — no nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando a ver qué pasa”, dijo Gonzales durante la ceremonia de firma en la Residencia del Gobernador en Denver. “Estamos tomando acción ahora. Hoy actuamos para garantizar que cada persona en Colorado pueda emitir su voto libre de discriminación y sin temor”.

Un acto con ‘peso histórico’

Polis señaló que la Legislatura de Colorado reserva el primer proyecto de ley de cada sesión para un tema particularmente importante, y que es adecuado que el SB-1 se centre en el derecho al voto, porque “nuestra democracia comienza con el voto”.

“Votar no es algo que podamos dar por sentado. Debemos asegurarnos de proteger nuestro derecho como estadounidenses a ser escuchados”, dijo el gobernador. “El sistema electoral de Colorado es uno de los mejores del país, y con esta medida damos pasos para garantizar que, sin importar lo que ocurra a nivel federal, podamos proteger la integridad del voto aquí, en el gran estado de Colorado”.

La ley garantiza el derecho al voto de las personas encarceladas mientras están bajo custodia y facilita el acceso para quienes viven en tierras tribales. También se proporcionará información a votantes elegibles que viven en residencias asistidas para que puedan votar con mayor facilidad. Además, la ley amplía los requisitos de boletas multilingües para incluir a municipios dentro de condados que ya deben ofrecerlas según una ley de 2021.

Joseph, inmigrante haitiana, dijo que esta legislación tiene un “peso histórico”, al construir sobre las protecciones de la Ley de Derechos Electorales de 1965, que prohibió la discriminación racial en las urnas. “Si no fuera por esa ley, no estaría hoy aquí ante ustedes”, afirmó.

Una encuesta realizada en enero reveló que dos tercios de las personas en Colorado apoyan proteger el derecho al voto a nivel estatal, y un 61% apoya esta ley en particular, mientras que un 33% se opone. Ocho estados ya han aprobado versiones similares, y varios más las están considerando.

Polis también firmó el Proyecto de ley 25-1225 de la Cámara de Representantes, que añade protecciones contra intimidación, amenazas o coerción a votantes o personas que asisten a otros a votar.

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